“El ingeniero Peinado, en aquel entonces, era viceministro y no tendría por qué haber influido para que se concesione esto (contrato) con la empresa brasileña, puesto que la empresa brasileña era la tercera en la licitación”, explicó la fiscal Edna Montoya, quien investiga el caso.
Página Siete intentó ayer comunicarse sin éxito con Peinado Rivero. La semana pasada ocurrió similar situación.
Precisó que se contrató al tercer proponente cuando las normas del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) establecen claramente que en ese tipo de procesos de licitación se debe adjudicar el contrato a la primera empresa que está en la terna, “puesto que es la que ofrece el precio más bajo”, explicó.
Añadió que el ex viceministro Peinado es una de las ex autoridades imputadas por este caso, debido a que fue él quien firmó el contrato con D’Andrea.
La fiscal informó que ya hizo el requerimiento al juzgado cuarto de Instrucción en lo Penal para que fije fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares.
El ex gerente general de Papelbol Antonio Camberos tiene detención domiciliaria.
Una tercera persona, Eduardo Peinado Terán, también fue imputada, pero ayer dijo por teléfono desconocer la acusación.
Los presuntos delitos que se investiga son daño económico al Estado, contratos lesivos, incumplimiento de contrato, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con el cargo.
La Fiscalía investiga el monto total del contrato, que asciende a más 13 millones de dólares, pero aún no se llegó a establecer el monto del daño económico.
Montoya dijo que se realiza una auditoría técnico-financiera, que fue encargada por el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas. Los resultados estarán en unos tres meses.
Agregó que la indagación avanza y se prevé citar a más personas para revelar quién o quiénes “serían los responsables de la comisión de estos ilícitos y encontrar a los responsables”.
Añadió que durante el montaje de la planta de Papelbol intervinieron otros funcionarios, quienes autorizaron adendas al contrato con la firma, así como el pedido de desembolsos de los recursos al Banco Central de Bolivia (BCB).
Sin planta
En el marco de las investigaciones, hace dos semanas la Fiscalía hizo una inspección ocular a las instalaciones de Papelbol, ubicadas en Villa Tunari, Cochabamba, y pudo determinar que “hasta el momento la fábrica no está en marcha, no está funcionando”, según la fiscal.
Papelbol fue creada en septiembre de 2007. A comienzo de 2008, la empresa brasileña D’Andrea Agrimport Importacao se adjudicó el contrato para montar la planta.
El contrato establecía un término de 14 meses, por lo que la empresa de producción de papel debía estar operando desde noviembre de 2009.
A raíz de los incumplimientos, el contrato con D’Andrea fue rescindido el pasado año y el monto inicial del proyecto, que era de 13,4 millones de dólares, subió a 16 millones de dólares.
El proyecto fue adjudicado de nuevo y la firma china Shenzhen Vicstar Imp. Exp. Co. Ltda continará las obras y se prevé su entrega para finales de este año.
Las indagaciones están demoradas
En 2010, la Fiscalía inició las investigaciones por el presunto daño económico al Estado y otros delitos en el caso Papelbol, sin que a la fecha se haya identificado a los responsables o concluido las investigaciones.
La fiscal asignada al caso, Edna Montoya, explicó que la demora en el proceso no es atribuible a su persona, debido a que ella recién se hizo cargo del caso en septiembre pasado, por lo que a partir de entonces está dando el impulso a todo lo que no se había hecho con antelación.
“No puedo decir ni hablar mal de mis colegas. Yo estoy a cargo de septiembre y estoy dando el impulso que corresponde. Deberán ser investigados por la vía disciplinaria del Ministerio Público”, sostuvo.
De acuerdo a información oficial del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, la denuncia formal sobre este caso fue presentada en julio de 2010 contra Eduardo Peinado Rivero, ex viceministro de Mediana, Gran Empresa e Industria.
La denuncia fue respaldalda por el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), que se constituyó en parte querellante y coadyuvante del proceso.
Según la fiscal, como el proceso se enmarca en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el proceso es imprescriptible y tendrá un carácter retroactivo hasta dar con todos los involucrados en este caso.
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