Uno de los problemas más controvertidos es el relacionado con la "propiedad de la tierra y territorio", la participación de los dueños "originarios" en los planes a través de su "decisión tras una obligada consulta previa", que puede eliminar la perspectiva de desarrollo de cualquier emprendimiento, en este caso minero, porque también hay que decirlo el mismo problema altera proyectos en el rubro de la explotación de hidrocarburos.
El hecho es que el asunto que ha sido observado por el Primer Mandatario, está inserto en la CPE, y una consecuencia lógica se ha presentado en el gran movimiento de los indígenas del Tipnis, asunto aún no resuelto pero que está en el rango de la explotación de recursos naturales.
En el caso presente y recordando incluso pasadas acciones gubernamentales como la nacionalización de varias empresas extranjeras productivas está en la retina de nuevos empresarios que miran con recelo la política nacional para las inversiones. Por lo menos eso es lo que explicó recientemente el embajador de Corea del Sur en Bolivia, Chun Young Wuuk.
El diplomático fue muy claro al señalar que "hay temores de parte de las empresas coreanas, preocupaciones porque todavía no está todo aclarado" sugiriendo que el Estado boliviano defina una "Ley de Inversiones", no precisamente la Ley Minera sino un instrumento que garantice y fije reglas claras para las inversiones extrajeras. El representante coreano en Bolivia añadió que "una vez se cuente con esa normativa se podrá trabajar junto a las autoridades nacionales"
En tanto se ratifica que empresas coreanas (estatales) mantienen su interés de participar en el futuro en proyectos para la industrialización de las baterías de litio en Bolivia, sabedores –sus expertos– de que en los próximos 30 años la industria de los automóviles estará regida por la energía proveniente de las baterías de litio.
Por su parte las autoridades del Gobierno nacional en una clara alusión al diplomático coreano han reiterado que se cumplirán –de todos modos– las tres fases para la explotación del litio boliviano, habiéndose previsto que los socios extranjeros participen sólo en la tercera fase que corresponde expresamente a la industrialización de las baterías de litio a través de la provisión de tecnología. En ese plano es que Corea se siente casi segura de ser parte del proyecto al contar con la mejor tecnología en la materia, según sus propios expertos.
Así como los coreanos hay otros potenciales inversionistas en materia minera, inclusive en el abanico de oportunidades que tendría la materia prima del salar de Coipasa en la jurisdicción de Oruro y que merece otras inversiones y otras perspectivas, para lo cual también se han manifestado grandes industrias asiáticas y otras conocidas de Europa.
Lo está faltando verdaderamente es que se definan las políticas internas y quizás tomando en cuenta sugerencias de entendidos e interesados en invertir en nuestro país. Esperar una "Ley de Inversiones" para capitalistas extranjeros y nacionales, un atinado planteamiento, aunque en el caso minero parece que todo el asunto estará inmerso en el contenido de la nueva ley.
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