Soruco explicó que la zona desmontada es propiedad privada, sin embargo, dijo que hasta el momento no se encontró al dueño del área afectada, aunque ya se lo tiene identificado, de tal modo que se cuantificará los daños para emitir las sanciones correspondientes. “A pesar de las multas que impone la ABT y los procesos abiertos se sigue haciendo los desmontes, en el transcurso de estos días abriremos el proceso contra estas personas que resultaron ser los responsables de este tipo de actividades, puesto que no hay registro de autorización”, dijo.
DECOMISOS
En lo que va de esta gestión, se llegó a decomisar entre sesenta mil a ochenta mil pies tablares en el departamento, lo que hace prever que se superará la cantidad secuestrada el año pasado, cuando se llegó a decomisar cerca de cien mil pies tablares. “Se registran alrededor de ciento treinta procesos administrativos, de estos el ochenta por ciento son por transporte ilegal”, indicó.
CAMUFLAJE
Los transportistas de madera ilegal cada vez son más ingeniosos, puesto que en el último decomiso se encontró la madera en medio de soya y se sospecha que también se esté transportando en el interior de camiones cisterna. “Son tantos modos (de camuflaje) que perdí la cuenta, debajo de tomate, de papa, de soya, estamos inclusive hablando de carne, incluso en algún momento se interceptó un microbús donde se le sacó los asientos y se le puso como cortinas para tapar la madera, ahora tenemos información de que inclusive estarían utilizando algunos camiones cisterna para transportar, estamos haciendo el seguimiento”, manifestó.
Soruco asegura si bien creció el número de operativos de decomiso, se puede observar que no aumentó significativamente la cantidad de madera incautada. “Ha crecido en número de intervenciones, pero no así en la cantidad de madera”, aseguró.
TRÁFICO Y TRANSPORTE
En contraposición a las versiones de escasez de madera en el mercado interno, Soruco explicó que sólo habría disminuido la madera ilegal y no la legal. “Si está llegando poca madera es porque hemos disminuido en un cincuenta por ciento la madera ilegal, por eso hay escasez, porque hay más de dos millones de pies tablares de madera legal, lo que es suficiente para abastecer el mercado nacional. Lo ilegal a veces es más barato pero nunca es sostenible”, afirmó.
El problema va más allá, puesto que algunos dueños de barracas indican que la madera ilegal se va al mercado internacional. Un dueño de un aserradero refirió: “Sé que hay madera ilegal, pero aquí no, sino que nuestra madera se la llevan a Perú y Brasil. Aquí no tenemos madera ilegal sino nos decomisan, por eso la madera está escaseando porque la ilegal se va a otro país”.
Un dato publicado en por la ABT en junio pasado indica que esta entidad decidió digitalizar los Certificados Forestales de Origen (CEFO), debido a que en el mercado “negro” uno de esos certificados llegaba a tener un costo de hasta cinco mil dólares.
Soruco sostiene que pese al continuo trabajo de reducir el transporte o tráfico de madera ilegal, la ABT coordina con la Gobernación para tener un plan de desarrollo forestal. “La Constitución (Política del Estado) establece que los recursos son de todos los bolivianos, y como el uso y gestión están a cargo del Estado se tiene que invertir recursos para el manejo y aprovechamiento no sólo de madera sino de otros recursos”, indicó.
El funcionario manifestó que es dificultoso controlar el tráfico de la madera, debido a las miles de formas que se dan los transportistas para camuflar la madera ilegal. “Es muy difícil que desaparezca el tráfico de madera porque están transportando como hormigas, hasta hacer uso de burros”, lamentó.
PRECIOS
Semanalmente las barracas en la ciudad de Tarija reciben de 150 a 250 camiones de madera, que cubre la demanda de carpinteros y artesanos. Sin embargo, varios de ellos admitieron que tienen problemas ligados al precio. “Está muy cara la madera últimamente, el pie tablar nos venden a cuatro bolivianos, y eso está haciendo que nuestros negocios estén mal”, indicó el carpintero Juan.
Rolando, carpintero del barrio Lourdes, dijo que el pie tablar subió de 3,50 a 4 bolivianos. “Este ajuste derivó en un incremento del precio de los muebles”, manifestó.
INFORME
Para el 26 de septiembre, la ABT tiene previsto realizar un informe total de los desmontes ilegales detectados en esta gestión, comparando con los datos del pasado año. “Quisiéramos estar más tiempo controlando para evitar los desmontes ilegales, y vamos hacer conocer los datos para evaluar nuestro trabajo y analizar el fortalecimiento de la institución”, concluyó.
BOLIVIA
El director nacional de la ABT, Cliver Rocha, denunció que Bolivia pierde por año unas trescienas mil hectáreas de bosques por desmontes ilegales. “Perdemos cerca trescientas mil hectáreas al año, más de 175.000 hectáreas son ilegales, por lo menos 100.000 hectáreas de desmonte quedan en absoluta impunidad por la incapacidad y la falta de suficiente nivel operativo de control de las instituciones del Estado”, lamentó.
Rocha recordó que el año pasado se decomisó 43.000 metros cúbicos de madera, lo que significa 1.600 camiones con madera ilegal. “La actividad forestal está ‘gobernada’ por el ochenta por ciento de ilegalidad que ejercen ciudadanos de países vecinos que vulneran la soberanía boliviana y talan madera en las regiones amazónicas y fronterizas. La poca actividad legal que hay con mucho esfuerzo, está en un proceso de agonía porque hay una especie de gobiernos con poder y organización para manejar ese ramo”, complementó.
A su juicio, la actividad forestal ilegal es una “herencia neoliberal que permitió el caos forestal”, pero aseguró que el Gobierno tiene el mandato constitucional de contrarrestar esa ilegalidad, “que roba y destruye el patrimonio de los bolivianos”. “Cambiaremos, tenemos que construir institucionalidad y hacer pacto con todos y formalizar la actividad forestal, pero hay resistencia del poder ilegal”, consideró.
Detalló que el Gobierno analiza dos posibilidades de frenar la actividad forestal ilícita, puesto que o se los retira con violencia a los traficantes o se compra la propia institucionalidad. “Haremos desaparecer los certificados forestales, queremos ponerle chips a equipos pesados y medios de transporte y hay resistencia. Queremos controlar cuánta madera ingresa a las barracas. Hay profesionales comprometidos con esto, castigaremos las prácticas ilegales”, advirtió.
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