El subgerente, Iván Larrazábal, precisa que la principal es la “prohibición de exportación de productos, particularmente alimentos (maíz, pollo, carne, azúcar, soya)” y le sigue la “débil institucionalidad y normativa confusa del comercio exterior”. Al respecto explica que “las instituciones del sector exportador generan demoras en los requisitos de exportación” y existen otros “redundantes” y “dualidad de funciones, lo que genera problemas y encarecimiento de los registros y certificaciones”.
Además, hay una “persistencia de restricciones al acceso a mercados de socios comerciales, Argentina y Brasil, mediante licencias previas y otros mecanismos no arancelarios”.
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