El Gobierno, a través del Decreto Supremo 0125, aprobó la elevación de aranceles hasta en 35 por ciento para proteger el mercado interno y la industria nacional de la invasión de productos chinos acabados, entre prendas de vestir y artículos de tapicería y mueblería.
La ministra de Desarrollo Productivo, Patricia Ballivián, informó que el objetivo de la norma es cuidar la producción nacional frente a artículos procedentes de ese país asiático y que representan una “competencia desleal”.
El decreto fija un Gravamen Arancelario (GA) de 35 por ciento para más de 300 productos terminados.
“Con la prohibición de la ropa usada y, en segundo lugar, un gravamen del 35 por ciento de los productos terminados de procedencia china estaríamos lanzando medidas de protección a la industria nacional de incentivo al consumo de lo nacional”.
La anterior estructura arancelaria tenía una escala de entre 5 y 20 por ciento para el pago de impuestos de importación, que determinaba el Decreto Supremo 29349, de 2007.
Entre los productos que tendrán una mayor carga arancelaria para su internación en el país se encuentran abrigos, chaquetas, trajes sastre, faldas, camisones, pijamas, camisas, sudaderas, asientos giratorios y muebles de madera, metal o plástico, además de artículos de cama, como colchones, edredones o almohadas.
El 17 de abril, La Prensa informó que el Gobierno había iniciado el análisis de una norma junto con los productores y confeccionistas para elevar los aranceles de los productos de esa nación asiática.
Según datos estimados la Asociación de Pequeños Productores en Confección El Alto (APPECAL), cada año entran en el país más de 2.000 toneladas de ropa de fabricación china, de las cuales sólo el 10 por ciento paga impuestos, de manera legal. El resto se interna de contrabando. La ilícita actividad genera una pérdida de aproximadamente 80 millones de dólares en el rubro textil por la competencia de los artículos chinos.
La Asociación había sugerido al Gobierno elevar hasta en 40 por ciento el arancel a las importaciones de textiles, manufacturas de cuero, madera y artesanías en general por un año, y demás que constituya una fuerza especial de control de los productos internados de contrabando e impulse el empadronamiento de los importadores de ropa china para que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) proceda con su fiscalización.
El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, dijo que la intención gubernamental es positiva porque Bolivia era el único país que no había adoptado acciones frente a la “agresividad” de la producción china.
Sin embargo, la norma ahora debe ser reforzada con controles más rigurosos al contrabando, porque mientras mayor sea carga impositiva, el ingreso ilegal de artículos asiáticos se extenderá.
Otras naciones, como Perú, México o Estados Unidos, impusieron barreras hace un año a estos artículos, cuya elaboración se basa en una elevada productividad y competitividad gracias a la mano de obra barata y la debilidad del yuan (la moneda china) frente al dólar.
La ministra de Desarrollo Productivo, Patricia Ballivián, informó que el objetivo de la norma es cuidar la producción nacional frente a artículos procedentes de ese país asiático y que representan una “competencia desleal”.
El decreto fija un Gravamen Arancelario (GA) de 35 por ciento para más de 300 productos terminados.
“Con la prohibición de la ropa usada y, en segundo lugar, un gravamen del 35 por ciento de los productos terminados de procedencia china estaríamos lanzando medidas de protección a la industria nacional de incentivo al consumo de lo nacional”.
La anterior estructura arancelaria tenía una escala de entre 5 y 20 por ciento para el pago de impuestos de importación, que determinaba el Decreto Supremo 29349, de 2007.
Entre los productos que tendrán una mayor carga arancelaria para su internación en el país se encuentran abrigos, chaquetas, trajes sastre, faldas, camisones, pijamas, camisas, sudaderas, asientos giratorios y muebles de madera, metal o plástico, además de artículos de cama, como colchones, edredones o almohadas.
El 17 de abril, La Prensa informó que el Gobierno había iniciado el análisis de una norma junto con los productores y confeccionistas para elevar los aranceles de los productos de esa nación asiática.
Según datos estimados la Asociación de Pequeños Productores en Confección El Alto (APPECAL), cada año entran en el país más de 2.000 toneladas de ropa de fabricación china, de las cuales sólo el 10 por ciento paga impuestos, de manera legal. El resto se interna de contrabando. La ilícita actividad genera una pérdida de aproximadamente 80 millones de dólares en el rubro textil por la competencia de los artículos chinos.
La Asociación había sugerido al Gobierno elevar hasta en 40 por ciento el arancel a las importaciones de textiles, manufacturas de cuero, madera y artesanías en general por un año, y demás que constituya una fuerza especial de control de los productos internados de contrabando e impulse el empadronamiento de los importadores de ropa china para que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) proceda con su fiscalización.
El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, dijo que la intención gubernamental es positiva porque Bolivia era el único país que no había adoptado acciones frente a la “agresividad” de la producción china.
Sin embargo, la norma ahora debe ser reforzada con controles más rigurosos al contrabando, porque mientras mayor sea carga impositiva, el ingreso ilegal de artículos asiáticos se extenderá.
Otras naciones, como Perú, México o Estados Unidos, impusieron barreras hace un año a estos artículos, cuya elaboración se basa en una elevada productividad y competitividad gracias a la mano de obra barata y la debilidad del yuan (la moneda china) frente al dólar.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario