Con la firma de un convenio con productores y comercializadores, el Gobierno amplió de forma indefinida el plazo para la venta de ropa usada en el país y creó un nuevo programa de apoyo para que ese sector se incorpore gradualmente a la producción.
“Van a seguir vendiendo ropa usada en tanto se ejecute el programa”, señaló ayer el viceministro de Microempresa y Economía Rural, Ramiro Lizondo.
La autoridad aseguró que a través del programa de fortalecimiento, “nuestros compañeros comercializadores serán incorporados de manera gradual”.
Agregó que la vigencia del convenio la determinará una comisión nacional de los tres sectores que hará un seguimiento mensual de los objetivos planteados en el documento acordado.
El presidente del Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina), Porfirio Quispe, declaró a La Razón que su sector rechaza la medida gubernamental. Ratificó que el martes se movilizarán en rechazo a la ropa usada y, además, demandarán la renuncia de la ministra de Desarrollo Productivo, Patricia Ballivián, y del viceministro Lizondo. “Se está legalizando el contrabando, un delito. Vemos que esta decisión es ilegal”, manifestó.
Ayer, Ballivián destacó el acuerdo y señaló que “esto es un trabajo que suma a todos los bolivianos porque nosotros lo que estamos apoyando es la producción nacional”. Invitó a Quispe y a su sector “a sumarse al esfuerzo”.
El descontento llegó a otros sectores. Freniot Ayaviri, dirigente de los importadores de autos usados, criticó las contradicciones del Órgano Ejecutivo, que “no admite el ingreso de lo que llama chatarra y sí el de ropa usada que entra vía contrabando”.
Y es que el 4 de diciembre del 2008, el Gobierno lanzó sorpresivamente un decreto para prohibir la importación de autos usados con más de cinco años de antigüedad. Hoy, el Ministerio de Economía se niega a permitir el ingreso de esos motorizados, pese a que hay un fallo judicial que admite a aquellos comprados hasta el 14 de diciembre.
Desde junio del 2006, cuando se fijaron las fechas límite para la importación y venta de ropa usada, el plan gubernamental de reconversión productiva de los comerciantes no avanzó. “Las partes se habían comprometido en el anterior convenio a cumplir determinadas actividades. Ninguna lo hizo, incluido el Gobierno”, admitió Lizondo. Pero sostuvo que “ahora tenemos un ente (una comisión nacional) que hará seguimiento a la implementación del acuerdo”. Mencionó a las agencias de desarrollo Pro Bolivia como los mecanismos que facilitarán la reconversión.
ESTADÍSTICAS
Mercado • Según Lizondo, un trabajo de campo determinó que en el mercado aún habría 11.000 toneladas de ropa usada. La autoridad reconoció el incremento de esta mercadería.
Comerciantes • El viceministro de Microempresa y Economía Plural señaló que no se pudo establecer la cantidad de personas que se dedican a la venta de prendería usada
“Van a seguir vendiendo ropa usada en tanto se ejecute el programa”, señaló ayer el viceministro de Microempresa y Economía Rural, Ramiro Lizondo.
La autoridad aseguró que a través del programa de fortalecimiento, “nuestros compañeros comercializadores serán incorporados de manera gradual”.
Agregó que la vigencia del convenio la determinará una comisión nacional de los tres sectores que hará un seguimiento mensual de los objetivos planteados en el documento acordado.
El presidente del Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina), Porfirio Quispe, declaró a La Razón que su sector rechaza la medida gubernamental. Ratificó que el martes se movilizarán en rechazo a la ropa usada y, además, demandarán la renuncia de la ministra de Desarrollo Productivo, Patricia Ballivián, y del viceministro Lizondo. “Se está legalizando el contrabando, un delito. Vemos que esta decisión es ilegal”, manifestó.
Ayer, Ballivián destacó el acuerdo y señaló que “esto es un trabajo que suma a todos los bolivianos porque nosotros lo que estamos apoyando es la producción nacional”. Invitó a Quispe y a su sector “a sumarse al esfuerzo”.
El descontento llegó a otros sectores. Freniot Ayaviri, dirigente de los importadores de autos usados, criticó las contradicciones del Órgano Ejecutivo, que “no admite el ingreso de lo que llama chatarra y sí el de ropa usada que entra vía contrabando”.
Y es que el 4 de diciembre del 2008, el Gobierno lanzó sorpresivamente un decreto para prohibir la importación de autos usados con más de cinco años de antigüedad. Hoy, el Ministerio de Economía se niega a permitir el ingreso de esos motorizados, pese a que hay un fallo judicial que admite a aquellos comprados hasta el 14 de diciembre.
Desde junio del 2006, cuando se fijaron las fechas límite para la importación y venta de ropa usada, el plan gubernamental de reconversión productiva de los comerciantes no avanzó. “Las partes se habían comprometido en el anterior convenio a cumplir determinadas actividades. Ninguna lo hizo, incluido el Gobierno”, admitió Lizondo. Pero sostuvo que “ahora tenemos un ente (una comisión nacional) que hará seguimiento a la implementación del acuerdo”. Mencionó a las agencias de desarrollo Pro Bolivia como los mecanismos que facilitarán la reconversión.
ESTADÍSTICAS
Mercado • Según Lizondo, un trabajo de campo determinó que en el mercado aún habría 11.000 toneladas de ropa usada. La autoridad reconoció el incremento de esta mercadería.
Comerciantes • El viceministro de Microempresa y Economía Plural señaló que no se pudo establecer la cantidad de personas que se dedican a la venta de prendería usada
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