Se destinarán $us.185.000 para las auditorías a las empresas ferroviarias Andina y Oriental.
En diez días, el Poder Ejecutivo hará los primeros acercamientos con las empresas capitalizadas de generación eléctrica Valle Hermoso, Corani y Guaracachi para negociar su paquete accionario y dar inicio a la recuperación del control del Estado sobre los servicios que prestan.
En el sector ferroviario, el proceso quedó en suspenso mientras no se tengan las auditorías para conocer la situación de Andina y Oriental.
La recuperación de estas empresas por parte del Gobierno está enmarcada en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), en cuyo artículo 20 señala que “toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones” y “que es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gestión, la provisión de los servicios básicos”.
El viceministro de Electricidad, Miguel Yagüe, anunció que se cuenta con una estrategia y con los recursos presupuestados —los cuales no precisó— para negociar y comprar las acciones de las tres generadoras.
Según dijo la autoridad, se quiere tener al menos el 50 por ciento más uno del paquete accionario y una “convivencia sana” con el sector privado.
Sin embargo, si las compañías no ceden el control, no se descarta que el Estado asuma “tomar el 100 por ciento” de su paquete accionario.
“Estamos haciendo las aproximaciones, me imagino que oficialmente el nuevo Ministro (de Obras Públicas, Wálter Delgadillo) convocará a las empresas en unos diez días para bajar la bandera y el día que tengamos cerrados los temas habrá que oficializarlo con la transferencia de acciones, (que) es un tema administrativo nomás”.
El 50 por ciento de las acciones de Corani las tiene Ecoenergy International, subsidiaria a su vez de la francesa GDF Suez; en Guaracachi, la británica Rurelec PLC posee la mitad de las acciones; en tanto que Valle Hermoso tiene como socia también en un 50 por ciento a The Bolivian Generating Group, que pertenece a la firma inversora Panamerican. Según datos de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), también tienen una participación en las tres eléctricas, entre un 47 y 49 por ciento, las AFP Futuro y Previsión.
Yagüe explicó que paralelamente el Gobierno negociará la manera de controlar la Transportadora de Electricidad (TDE), que tiene la totalidad de las acciones que eran de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) antes del proceso de capitalización.
Más adelante, dijo, se iniciará acercamientos con las empresas distribuidoras (Electropaz, ELFEO, ELFEC, etc.), que hoy operan de manera monopólica, para arribar a acuerdos ya que el Estado debe tener presencia y control en la cadena industrial eléctrica (generación, transporte y distribución). “En el caso de transporte también tenemos que cerrar en junio, a medio año, digamos, es el tope que nos estamos dando, yo creo que con (las empresas de) generación va a ser mucho más rápido el proceso (de negociación)”. De manera paralela, una comisión trabaja en una nueva Ley de Electricidad que recogerá los lineamientos, principios y valores de la nueva Constitución, se prevé que el proyecto estará listo en dos meses.
En el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se capitalizaron, además de ENDE, Entel, ENFE, YPFB, LAB y la Empresa Metalúrgica Vinto.
El 1 de mayo de 2006, el Gobierno decretó la nacionalización en el sector de hidrocarburos, ahora controla las petroleras Chaco y Andina y las transportadoras Transredes y CLBH. Entel también pasó a sus manos.
En el caso del sector ferroviario, el viceministro de Transportes, José Kinn, anunció que el Gobierno está impulsando una nueva política de desarrollo que incorpora la recuperación de los ferrocarriles, mas no precisó cuándo comenzará este proceso.
Explicó que habrá que esperar los resultados de las auditorías técnica, legal y financiera que la Contraloría General realizará a las empresas ferroviarias Andina y Oriental, para lo que se traspasarán por decreto 185.000 dólares para su ejecución, que se prevé que comience en marzo y dure cinco o seis meses.
Kinn dijo que se debe reconocer que hubo un retroceso en el transporte ferroviario y que existen denuncias de incumplimiento del contrato, lo cual será confirmado con las auditorías que determinarán si hubo incumplimiento o algún tipo de daño económico al Estado.
“(La nacionalización de las ferroviarias) forma parte de una estrategia que se tiene que definir a la luz de las auditorías, los resultados nos van a decir el camino y ahí veremos si será negociación de compra de acciones o será simplemente una reversión si es que hay daños económicos”.
El 50 por ciento de la ferroviaria Andina está en manos Bolivian Railways S.A. y el resto, en las dos AFP. La ferroviaria Oriental S.A. tiene como accionistas a las AFP y Trenes Continentales, esta última liderada por Genesee & Wyoming, una corporación de Estados Unidos que administra 40 ferrocarriles en Canadá, Australia y Bolivia.
Un analista teme que firmas terminen como YPFB
El sector eléctrico es uno de los que mejor han funcionado, uno de los más ordenados y mejor supervisados por la Superintendencia del área, por lo que no hay razón para que el Gobierno intente estatizarlo, menos después de lo que ocurrió en la nacionalizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), envuelta en denuncias de corrupción, alertó el analista económico Alberto Bonadona.
“Considero que (Guaracachi, Corani y Valle Hermoso) se deben mantener como están porque es un sector que ha mostrado buena eficiencia y no hay razón para un proceso de estatización, más aún dadas las condiciones en que se han presentado las otras empresas estatales que no están funcionando como deberían”.
Lo que debe hacer el Gobierno, recomendó, es crear confianza con la fiscalización y supervisión en el resto de las empresas productivas que están bajo control estatal, como Emapa, Comibol o Cartonbol, para que la gente vea que no está ocurriendo lo mismo que en la estatal petrolera.
En cuanto a las ferroviarias Andina y Oriental, dijo que al nacionalizarlas ocurrirá lo que en Yacimientos, donde se produjo una especie de “empleomanía dando ‘pegas’ a todo el mundo como también ocurrió en el pasado con la desaparecida Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE)”.
En criterio de Bonadona, se debe hacer una diferenciación entre las dos empresas porque el comportamiento en la empresa Oriental fue distinto del de Andina. En la primera se logró una expansión de los servicios de transporte de pasajeros y carga, en tanto que para a segunda no fue atractivo invertir en tramos que no son rentables.
El Gobierno debe buscar acuerdos con el sector privado, explicó el experto, para que haya mayores inversiones en el rubro ferroviario a partir de un plan que debe cumplirse y “dejar tranquilas a las empresas (capitalizadas)”.
SABSA está en la mira
El Gobierno dejó en suspenso indefinido la decisión de nacionalizar la administración de los servicios en los aeropuertos de El Alto en La Paz, Viru Viru en Santa Cruz y Jorge Wilstermann en Cochabamba, que actualmente están en manos de la privada SABSA.
El viceministro de Transportes, José Kinn, dijo que la estatización de esos servicios está abierta, pero “no la estamos encarando todavía”. Antes, dijo, se confirmarán o refutarán denuncias a través de auditorías.
“Tenemos denuncias de incumplimiento de inversiones que hay que verificar a través de una auditoría”.
LOS DATOS
La Contraloría practicará auditorías a las empresas ferroviarias Andina y Oriental.
El Gobierno participará en toda la cadena industrial del sector eléctrico.
Una comisión trabaja en la elaboración de una nueva Ley de Electricidad.
En diez días, el Poder Ejecutivo hará los primeros acercamientos con las empresas capitalizadas de generación eléctrica Valle Hermoso, Corani y Guaracachi para negociar su paquete accionario y dar inicio a la recuperación del control del Estado sobre los servicios que prestan.
En el sector ferroviario, el proceso quedó en suspenso mientras no se tengan las auditorías para conocer la situación de Andina y Oriental.
La recuperación de estas empresas por parte del Gobierno está enmarcada en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), en cuyo artículo 20 señala que “toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones” y “que es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gestión, la provisión de los servicios básicos”.
El viceministro de Electricidad, Miguel Yagüe, anunció que se cuenta con una estrategia y con los recursos presupuestados —los cuales no precisó— para negociar y comprar las acciones de las tres generadoras.
Según dijo la autoridad, se quiere tener al menos el 50 por ciento más uno del paquete accionario y una “convivencia sana” con el sector privado.
Sin embargo, si las compañías no ceden el control, no se descarta que el Estado asuma “tomar el 100 por ciento” de su paquete accionario.
“Estamos haciendo las aproximaciones, me imagino que oficialmente el nuevo Ministro (de Obras Públicas, Wálter Delgadillo) convocará a las empresas en unos diez días para bajar la bandera y el día que tengamos cerrados los temas habrá que oficializarlo con la transferencia de acciones, (que) es un tema administrativo nomás”.
El 50 por ciento de las acciones de Corani las tiene Ecoenergy International, subsidiaria a su vez de la francesa GDF Suez; en Guaracachi, la británica Rurelec PLC posee la mitad de las acciones; en tanto que Valle Hermoso tiene como socia también en un 50 por ciento a The Bolivian Generating Group, que pertenece a la firma inversora Panamerican. Según datos de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), también tienen una participación en las tres eléctricas, entre un 47 y 49 por ciento, las AFP Futuro y Previsión.
Yagüe explicó que paralelamente el Gobierno negociará la manera de controlar la Transportadora de Electricidad (TDE), que tiene la totalidad de las acciones que eran de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) antes del proceso de capitalización.
Más adelante, dijo, se iniciará acercamientos con las empresas distribuidoras (Electropaz, ELFEO, ELFEC, etc.), que hoy operan de manera monopólica, para arribar a acuerdos ya que el Estado debe tener presencia y control en la cadena industrial eléctrica (generación, transporte y distribución). “En el caso de transporte también tenemos que cerrar en junio, a medio año, digamos, es el tope que nos estamos dando, yo creo que con (las empresas de) generación va a ser mucho más rápido el proceso (de negociación)”. De manera paralela, una comisión trabaja en una nueva Ley de Electricidad que recogerá los lineamientos, principios y valores de la nueva Constitución, se prevé que el proyecto estará listo en dos meses.
En el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se capitalizaron, además de ENDE, Entel, ENFE, YPFB, LAB y la Empresa Metalúrgica Vinto.
El 1 de mayo de 2006, el Gobierno decretó la nacionalización en el sector de hidrocarburos, ahora controla las petroleras Chaco y Andina y las transportadoras Transredes y CLBH. Entel también pasó a sus manos.
En el caso del sector ferroviario, el viceministro de Transportes, José Kinn, anunció que el Gobierno está impulsando una nueva política de desarrollo que incorpora la recuperación de los ferrocarriles, mas no precisó cuándo comenzará este proceso.
Explicó que habrá que esperar los resultados de las auditorías técnica, legal y financiera que la Contraloría General realizará a las empresas ferroviarias Andina y Oriental, para lo que se traspasarán por decreto 185.000 dólares para su ejecución, que se prevé que comience en marzo y dure cinco o seis meses.
Kinn dijo que se debe reconocer que hubo un retroceso en el transporte ferroviario y que existen denuncias de incumplimiento del contrato, lo cual será confirmado con las auditorías que determinarán si hubo incumplimiento o algún tipo de daño económico al Estado.
“(La nacionalización de las ferroviarias) forma parte de una estrategia que se tiene que definir a la luz de las auditorías, los resultados nos van a decir el camino y ahí veremos si será negociación de compra de acciones o será simplemente una reversión si es que hay daños económicos”.
El 50 por ciento de la ferroviaria Andina está en manos Bolivian Railways S.A. y el resto, en las dos AFP. La ferroviaria Oriental S.A. tiene como accionistas a las AFP y Trenes Continentales, esta última liderada por Genesee & Wyoming, una corporación de Estados Unidos que administra 40 ferrocarriles en Canadá, Australia y Bolivia.
Un analista teme que firmas terminen como YPFB
El sector eléctrico es uno de los que mejor han funcionado, uno de los más ordenados y mejor supervisados por la Superintendencia del área, por lo que no hay razón para que el Gobierno intente estatizarlo, menos después de lo que ocurrió en la nacionalizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), envuelta en denuncias de corrupción, alertó el analista económico Alberto Bonadona.
“Considero que (Guaracachi, Corani y Valle Hermoso) se deben mantener como están porque es un sector que ha mostrado buena eficiencia y no hay razón para un proceso de estatización, más aún dadas las condiciones en que se han presentado las otras empresas estatales que no están funcionando como deberían”.
Lo que debe hacer el Gobierno, recomendó, es crear confianza con la fiscalización y supervisión en el resto de las empresas productivas que están bajo control estatal, como Emapa, Comibol o Cartonbol, para que la gente vea que no está ocurriendo lo mismo que en la estatal petrolera.
En cuanto a las ferroviarias Andina y Oriental, dijo que al nacionalizarlas ocurrirá lo que en Yacimientos, donde se produjo una especie de “empleomanía dando ‘pegas’ a todo el mundo como también ocurrió en el pasado con la desaparecida Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE)”.
En criterio de Bonadona, se debe hacer una diferenciación entre las dos empresas porque el comportamiento en la empresa Oriental fue distinto del de Andina. En la primera se logró una expansión de los servicios de transporte de pasajeros y carga, en tanto que para a segunda no fue atractivo invertir en tramos que no son rentables.
El Gobierno debe buscar acuerdos con el sector privado, explicó el experto, para que haya mayores inversiones en el rubro ferroviario a partir de un plan que debe cumplirse y “dejar tranquilas a las empresas (capitalizadas)”.
SABSA está en la mira
El Gobierno dejó en suspenso indefinido la decisión de nacionalizar la administración de los servicios en los aeropuertos de El Alto en La Paz, Viru Viru en Santa Cruz y Jorge Wilstermann en Cochabamba, que actualmente están en manos de la privada SABSA.
El viceministro de Transportes, José Kinn, dijo que la estatización de esos servicios está abierta, pero “no la estamos encarando todavía”. Antes, dijo, se confirmarán o refutarán denuncias a través de auditorías.
“Tenemos denuncias de incumplimiento de inversiones que hay que verificar a través de una auditoría”.
LOS DATOS
La Contraloría practicará auditorías a las empresas ferroviarias Andina y Oriental.
El Gobierno participará en toda la cadena industrial del sector eléctrico.
Una comisión trabaja en la elaboración de una nueva Ley de Electricidad.
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