Un grupo de pobladores de Desaguadero hizo repicar la campana de la iglesia de la localidad. Así irrumpió y ahogó el discurso del ministro de Defensa, Walker San Miguel, quien fue a inaugurar un Comando Conjunto, compuesto por militares, para luchar contra el contrabando en la región.
Ése fue el principio del rechazo a la aplicación de la estrategia estructural que la semana pasada lanzó el Gobierno para afrontar el comercio ilegal de combustibles y de alimentos y que entró en vigencia ayer.
El rechazo popular, expresado en silbidos y pedradas, obligó al ministro San Miguel y al presidente de la Aduana, general César López, a salir huyendo de la localidad, distante a 115 kilómetros de La Paz.
La violencia desatada en el lugar desembocó en la quema de las oficinas de la Aduana en esa localidad y la destrucción de su mobiliario, sus equipos y documentos referidos al comercio internacional. Por eso, la entidad optó por trasladar las oficinas al cuartel de Guaqui, próximo a la zona.
Desaguadero fue escogido para el inicio del plan anticontrabando porque concentra la salida ilegal de carburantes, principalmente de diésel y gas licuado de petróleo (GLP), a Perú. En Bolivia, una garrafa de diez kilos de GLP vale 22,50 bolivianos, mientras que en la nación vecina se cotiza en 120.
Según la Aduana, el 30 por ciento de la producción nacional de garrafas sale ilegalmente por Desaguadero y muchos lugareños hicieron del contrabando una forma de vida, por eso existe resistencia al control.
De hecho, ayer en un operativo sorpresa, la entidad se incautó de unos 7.000 litros de diésel y un camión con garrafas en esa localidad.
Los hechos
Todo comenzó después de las 08.30. Los lugareños descontentos comenzaron a reunirse sigilosamente en una de las esquinas de la plaza principal, donde se había instalado el palco oficial del acto.
Luego de que un grupo frustrara el discurso del Ministro, otros atacaron con piedras y chicotes a miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Naval, del Control Operativo Aduanero (COA) y de la Superintendencia de Hidrocarburos que asistieron a la ceremonia de juramento de Ramiro de la Fuente como comandante en Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en Desaguadero.
De un momento a otro, la turba tomó el control de la plaza y las calles adyacentes, que estaban rodeadas de militares. Éstos reaccionaron y emplearon gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, quienes apedrearon a los militares y los vehículos oficiales.
Las piedras eran lanzadas tanto por hombres como por mujeres, a quienes apenas se podía divisar detrás de la cortina de gas. Allí, algunos gritaban repetidamente “Que vuelva Goni” y “Vamos a izar la bandera peruana”.
Durante la protesta, el coche del Presidente de la Aduana fue el más afectado. Resultó con el parabrisas destrozado.
El general López comentó que los autores de ese hecho están comprometidos con la delincuencia y el contrabando y no están de acuerdo con la política de lucha contra la salida e internación ilegal de mercadería.
El enfrentamiento duró un par de minutos, lo que desconcertó a la comitiva oficial, que trató de salir del conflicto a como diera lugar.
Los militares organizaron un escudo protector compuesto por efectivos militares que dirigió la caravana de vehículos para permitir su retirada.
A medida que los coches avanzaban, los efectivos arrinconaban a los pobladores hacia las calles contiguas. Muchos trataron de escapar para llegar a donde estaban las autoridades, pero se quedaron en el intento.
Cuando a las 09.30 la comitiva oficial hubo abandonado la zona, los lugareños molestos irrumpieron en las oficinas de la Aduana, ubicada a unos pasos del puente binacional que une Bolivia con Perú.
Entraron en las oficinas, saquearon los documentos y dispersaron otros en los ambientes. Además destrozaron las computadoras y equipos que estaban a la mano. Posteriormente, quemaron parte de la infraestructura que da a la calle. Los efectivos de seguridad contuvieron el fuego.
López denunció que minutos más tarde la turba irrumpió en las viviendas de los funcionarios de la entidad en esa región y amedrentaron a sus familias, motivo por el cual tuvieron que huir atemorizados en busca de protección militar. Cerca del mediodía, el Comando Conjunto retomó los recintos aduaneros de Desaguadero, pero la situación continúa tensa en el lugar debido a que la población de esa región se encuentra reunida en diferentes lugares.
El Alcalde, el gestor
Los agitadores estaban dirigidos por el alcalde Esperilión Mamani Quispe, del desaparecido Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), quien se quejó de no haber sido convocado para la realización del acto oficial, por lo que calificó ese hecho como un avasallamiento del Gobierno y de las Fuerzas Armadas.
Además justificó las protestas como un rechazo de la comunidad al plan anticontrabando del Gobierno ya que, en su criterio, destruirá la principal actividad del pueblo, el comercio, y no atacará la actividad ilícita. “Que me demuestren (las autoridades) si no es así”.
El Presidente de la Aduana admitió que los preparativos de ejecución del plan y la inauguración del Comando Conjunto en la zona no fueron coordinados con esa autoridad local porque se presume que está vinculada a grupos de contrabandistas que operan en la zona.
El Ministro de Defensa interpretó los acontecimientos “como una demostración de fuerza, violenta, de un grupo de contrabandistas que ven afectados sus intereses económicos”.
Hace unos días, el Alcalde de Desaguadero firmó un acuerdo con el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, por el que se comprometió a luchar contra el contrabando en el marco del control social.
Consultado al respecto, Mamani Quispe no supo explicar el porqué de esa situación frente a los hechos de ayer. Según informaron en la reguladora, tras los incidentes, solicitó para hoy una reunión con el Superintendente y con el Comandante en Jefe del Comando Conjunto.
San Miguel reconoció que la aplicación del plan acarreará enfrentamientos en las localidades fronterizas con economías alimentadas por el comercio legal e ilegal. “La Fuerza Aérea hará sobrevuelos en la zona fronteriza para coadyuvar con el control”.
El operativo seguirá
El Gobierno informó que, pese al los hechos de ayer, la fuerza conjunta (Ejército, Fuerza Naval y Fuerza Aérea) se instalará en 18 puntos de control en Desaguadero y sus alrededores. En cada uno de ellos habrá un destacamento militar, un funcionario de la Aduana y un efectivo del Control Aduanero Fronterizo. Estos dos últimos se harán cargo de los aspectos legales y administrativos en los controles.
El general López aseguró que el “control social” es fundamental para que la estrategia estatal tenga éxito y anunció que en Desaguadero se contará con unos 600 miembros para aplicar este mecanismo.
Ese equipo apoyará al Comando Conjunto y la Aduana con información y dando alertas oportunas para desbaratar operaciones de contrabando. “Ahora —dijo— debemos tomar todas las previsiones”.
El Alcalde justifica las agresiones y prevé represalias en el referéndum revocatorio
—¿Qué es lo que sucedió, alcalde Esperilión Mamani? ¿Por qué la agresión?
—La población de Desaguadero está muy molesta porque no hemos recibido ninguna información ni invitación de las autoridades para el acto que realizaron.
—¿Había contrabandistas entre los que protestaron?
—Aquí no se trata nunca de contrabando. No entiendo qué es el contrabando. Se habla de negocio. La potencia del pueblo es el negocio. Quisiera que me demuestren el contrabando. Hay comercio hormiga, eso sí.
—¿Cuál es la actividad económica de la localidad?
—La actividad económica de Desaguadero siempre ha sido el comercio, el comercio hormiga, desde hace más de 60 años, desde que se fundó.
—¿Qué va a pasar ahora desde su perspectiva?
—Con los militares estamos provocando a Perú, que seguramente va a querer entrar con armas. No debería haber puestos militares en 50 kilómetros a la redonda.
Vamos a conversar con la población y recién decidiremos qué haremos.
—¿Qué le dice al Gobierno sobre estos hechos?
—Yo le puedo decir que si nos están queriendo manosear, que se cuiden en el referéndum revocatorio (sobre el mandato del Presidente de la República).
Ése fue el principio del rechazo a la aplicación de la estrategia estructural que la semana pasada lanzó el Gobierno para afrontar el comercio ilegal de combustibles y de alimentos y que entró en vigencia ayer.
El rechazo popular, expresado en silbidos y pedradas, obligó al ministro San Miguel y al presidente de la Aduana, general César López, a salir huyendo de la localidad, distante a 115 kilómetros de La Paz.
La violencia desatada en el lugar desembocó en la quema de las oficinas de la Aduana en esa localidad y la destrucción de su mobiliario, sus equipos y documentos referidos al comercio internacional. Por eso, la entidad optó por trasladar las oficinas al cuartel de Guaqui, próximo a la zona.
Desaguadero fue escogido para el inicio del plan anticontrabando porque concentra la salida ilegal de carburantes, principalmente de diésel y gas licuado de petróleo (GLP), a Perú. En Bolivia, una garrafa de diez kilos de GLP vale 22,50 bolivianos, mientras que en la nación vecina se cotiza en 120.
Según la Aduana, el 30 por ciento de la producción nacional de garrafas sale ilegalmente por Desaguadero y muchos lugareños hicieron del contrabando una forma de vida, por eso existe resistencia al control.
De hecho, ayer en un operativo sorpresa, la entidad se incautó de unos 7.000 litros de diésel y un camión con garrafas en esa localidad.
Los hechos
Todo comenzó después de las 08.30. Los lugareños descontentos comenzaron a reunirse sigilosamente en una de las esquinas de la plaza principal, donde se había instalado el palco oficial del acto.
Luego de que un grupo frustrara el discurso del Ministro, otros atacaron con piedras y chicotes a miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Naval, del Control Operativo Aduanero (COA) y de la Superintendencia de Hidrocarburos que asistieron a la ceremonia de juramento de Ramiro de la Fuente como comandante en Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en Desaguadero.
De un momento a otro, la turba tomó el control de la plaza y las calles adyacentes, que estaban rodeadas de militares. Éstos reaccionaron y emplearon gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, quienes apedrearon a los militares y los vehículos oficiales.
Las piedras eran lanzadas tanto por hombres como por mujeres, a quienes apenas se podía divisar detrás de la cortina de gas. Allí, algunos gritaban repetidamente “Que vuelva Goni” y “Vamos a izar la bandera peruana”.
Durante la protesta, el coche del Presidente de la Aduana fue el más afectado. Resultó con el parabrisas destrozado.
El general López comentó que los autores de ese hecho están comprometidos con la delincuencia y el contrabando y no están de acuerdo con la política de lucha contra la salida e internación ilegal de mercadería.
El enfrentamiento duró un par de minutos, lo que desconcertó a la comitiva oficial, que trató de salir del conflicto a como diera lugar.
Los militares organizaron un escudo protector compuesto por efectivos militares que dirigió la caravana de vehículos para permitir su retirada.
A medida que los coches avanzaban, los efectivos arrinconaban a los pobladores hacia las calles contiguas. Muchos trataron de escapar para llegar a donde estaban las autoridades, pero se quedaron en el intento.
Cuando a las 09.30 la comitiva oficial hubo abandonado la zona, los lugareños molestos irrumpieron en las oficinas de la Aduana, ubicada a unos pasos del puente binacional que une Bolivia con Perú.
Entraron en las oficinas, saquearon los documentos y dispersaron otros en los ambientes. Además destrozaron las computadoras y equipos que estaban a la mano. Posteriormente, quemaron parte de la infraestructura que da a la calle. Los efectivos de seguridad contuvieron el fuego.
López denunció que minutos más tarde la turba irrumpió en las viviendas de los funcionarios de la entidad en esa región y amedrentaron a sus familias, motivo por el cual tuvieron que huir atemorizados en busca de protección militar. Cerca del mediodía, el Comando Conjunto retomó los recintos aduaneros de Desaguadero, pero la situación continúa tensa en el lugar debido a que la población de esa región se encuentra reunida en diferentes lugares.
El Alcalde, el gestor
Los agitadores estaban dirigidos por el alcalde Esperilión Mamani Quispe, del desaparecido Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), quien se quejó de no haber sido convocado para la realización del acto oficial, por lo que calificó ese hecho como un avasallamiento del Gobierno y de las Fuerzas Armadas.
Además justificó las protestas como un rechazo de la comunidad al plan anticontrabando del Gobierno ya que, en su criterio, destruirá la principal actividad del pueblo, el comercio, y no atacará la actividad ilícita. “Que me demuestren (las autoridades) si no es así”.
El Presidente de la Aduana admitió que los preparativos de ejecución del plan y la inauguración del Comando Conjunto en la zona no fueron coordinados con esa autoridad local porque se presume que está vinculada a grupos de contrabandistas que operan en la zona.
El Ministro de Defensa interpretó los acontecimientos “como una demostración de fuerza, violenta, de un grupo de contrabandistas que ven afectados sus intereses económicos”.
Hace unos días, el Alcalde de Desaguadero firmó un acuerdo con el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, por el que se comprometió a luchar contra el contrabando en el marco del control social.
Consultado al respecto, Mamani Quispe no supo explicar el porqué de esa situación frente a los hechos de ayer. Según informaron en la reguladora, tras los incidentes, solicitó para hoy una reunión con el Superintendente y con el Comandante en Jefe del Comando Conjunto.
San Miguel reconoció que la aplicación del plan acarreará enfrentamientos en las localidades fronterizas con economías alimentadas por el comercio legal e ilegal. “La Fuerza Aérea hará sobrevuelos en la zona fronteriza para coadyuvar con el control”.
El operativo seguirá
El Gobierno informó que, pese al los hechos de ayer, la fuerza conjunta (Ejército, Fuerza Naval y Fuerza Aérea) se instalará en 18 puntos de control en Desaguadero y sus alrededores. En cada uno de ellos habrá un destacamento militar, un funcionario de la Aduana y un efectivo del Control Aduanero Fronterizo. Estos dos últimos se harán cargo de los aspectos legales y administrativos en los controles.
El general López aseguró que el “control social” es fundamental para que la estrategia estatal tenga éxito y anunció que en Desaguadero se contará con unos 600 miembros para aplicar este mecanismo.
Ese equipo apoyará al Comando Conjunto y la Aduana con información y dando alertas oportunas para desbaratar operaciones de contrabando. “Ahora —dijo— debemos tomar todas las previsiones”.
El Alcalde justifica las agresiones y prevé represalias en el referéndum revocatorio
—¿Qué es lo que sucedió, alcalde Esperilión Mamani? ¿Por qué la agresión?
—La población de Desaguadero está muy molesta porque no hemos recibido ninguna información ni invitación de las autoridades para el acto que realizaron.
—¿Había contrabandistas entre los que protestaron?
—Aquí no se trata nunca de contrabando. No entiendo qué es el contrabando. Se habla de negocio. La potencia del pueblo es el negocio. Quisiera que me demuestren el contrabando. Hay comercio hormiga, eso sí.
—¿Cuál es la actividad económica de la localidad?
—La actividad económica de Desaguadero siempre ha sido el comercio, el comercio hormiga, desde hace más de 60 años, desde que se fundó.
—¿Qué va a pasar ahora desde su perspectiva?
—Con los militares estamos provocando a Perú, que seguramente va a querer entrar con armas. No debería haber puestos militares en 50 kilómetros a la redonda.
Vamos a conversar con la población y recién decidiremos qué haremos.
—¿Qué le dice al Gobierno sobre estos hechos?
—Yo le puedo decir que si nos están queriendo manosear, que se cuiden en el referéndum revocatorio (sobre el mandato del Presidente de la República).
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