Coincidentemente con la iniciativa del diputado opositor Wilson Santamaría, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, pidió el pasado martes al Gobierno instruir auditorías a objeto de establecer la legalidad de los pagos realizados (indemnizaciones) en el caso de las refinerías de YPFB, eléctricas, mineras, telecomunicaciones, además de procesos en curso de petroleras y otras empresas estatales que fueron nacionalizadas en los primeros años de gestión del actual Gobierno.
Salinas señaló que no sólo es el caso Quiborax, sino son varios procesos arbitrales que se han resuelto de otra forma, pero que no se tiene la información clara cómo se solucionaron. “El exprocurador Héctor Arce siempre dijo que se llegó a un acuerdo y se pagó menos de lo que demandaban”, agregó.
PROCESOS
El último fue el caso Quiborax, el Ciadi emitió un dictamen donde el Estado debía pagar 42.6 millones de dólares. El mismo fue negociado y se llegó a un acuerdo para el pago de ese millonario monto.
Santamaría dijo que el Gobierno tiene que explicar qué ha hecho con estas empresas, que exigen el cumplimiento de los contratos y que terminaron en procesos de arbitraje y conciliación, con sanciones impuestas al Estado por más de los 900 millones de dólares.
INFORME
El legislador de UD envió una petición de informe escrito al Procurador General del Estado, porque es la instancia que hace seguimiento a los procesos internacionales que enfrenta el Estado. En su respuesta deberá explicar las acciones de defensa que se adoptaron durante los períodos de arbitraje en todos los casos, incluido el caso de Quiborax.
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