La Canabe, el Senasag, la Aduana y cuatro grandes municipios iniciaron un plan integral de lucha contra el comercio ilícito de bebidas alcohólicas, un problema que hace que ocho de cada 10 productos del rubro que se comercializan en Bolivia sean ilegales.
La iniciativa es liderada por la Cámara Nacional de Bebidas (Canabe), la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y los municipios de La Paz, El Alto, Cochabamba y Trinidad, a través de sus intendencias o secretarías de Seguridad Ciudadana.
El esfuerzo conjunto será esencial para, en principio, reducir la cantidad de bebidas alcohólicas ilegales que se comercializan en el mercado, las cuales o provienen del contrabando o están elaboradas con tóxicos como el metanol que en el corto, mediano y largo plazo causan daños irreversibles a la salud de los consumidores.
“Calculamos que el volumen de ventas legales” que tiene el sector autorizado “no debe llegar ni al 20% de lo que se consume” en el mercado, dice a La Razón Karina Herbas, presidenta de la Canabe, institución conformada por importadoras de bebidas y productores locales como la Cervecería Boliviana Nacional.
Según los intendentes, secretarios de seguridad y gerentes de Ventas de la importadora Opal, la situación es preocupante en todo el país, pero en especial en La Paz y Santa Cruz, donde solo el 10% de las ventas son legales.
Las “empresas que hacen productos adulterados son realmente monstruos y tenemos que estar unidos para poder combatirlas”, subraya el gerente general de Imcabez, Wálter Camacho, algo en lo que coinciden los demás representantes de los municipios, de la ANB y del Senasag.
Los productos falsificados y adulterados se elaboran en fábricas clandestinas de todo tamaño e incluso en empresas que cuentan con registro sanitario y Número de Identificación Tributaria. Los propietarios de estos negocios rellenan las botellas recicladas de las marcas originales o hacen fabricar sus propios envases de vidrio o plástico con características iguales a las de los productos legales, aprovechándose así de la imagen y la confianza generada por la marca legal en el mercado y a la vez deteriorándolas.
Esta mercadería, que también puede tener registros sanitarios clonados o falsificados, se distribuye a través de intermediarios furtivos, pero también por medio de repartidores legales y puntos de venta al detalle que ofrecen ambos tipos de productos, dando en muchos casos preferencia a lo ilegal, lo que permite ampliar su margen de ganancia. Cuando el control es intenso, la venta ilícita busca espacios de comercialización alejados o recurre a las redes sociales e incluso a la entrega personal.
La enorme logística y el poder económico que están detrás de esta actividad ilícita llegan a crear zonas de difícil intervención para las autoridades, como la calle Manco Kápac, en La Paz, o el mercado La Cancha, en Cochabamba.
METAS. Según Herbas, el consumo masivo de estos productos de pésima calidad, permitido por su bajo precio —desde Bs 10 la botella—, también es un desencadenante de la violencia intrafamiliar, de la inseguridad ciudadana y de los accidentes de tránsito.
“Este mercado, vinculado con la delincuencia, las drogas, la trata y los secuestros, existe porque nosotros lo permitimos. Si como población seguimos consumiendo y financiando la bebida ilegal, estamos empedrando y pavimentando esos caminos oscuros que le hacen únicamente daño a nuestro país”, sostiene Herbas.
Para enfrentar esta situación, el plan integral de lucha contra el comercio ilícito de bebidas alcohólicas contempla, en principio, la identificación de los puntos de venta ilegal por parte de los socios de la Canabe para que sean intervenidos por la Aduana y las intendencias municipales, muchas de las cuales se ven limitadas en su accionar por vacíos legales, principalmente al momento de allanar los depósitos y aprehender a los responsables de los ilícitos.
A fin de superar estos problemas, la Cámara se comprometió a dar asesoramiento y respaldo legal a sus aliados públicos y privados a través del departamento jurídico que creó en septiembre.
El Senasag, por su lado, además de analizar la aprobación de nuevas medidas de control, se comprometió a aprobar en los próximos días una resolución que determinará la cantidad máxima de metanol —hasta 3% según la experiencia internacional— que deben tener las bebidas alcohólicas saborizadas, carbonatadas o no.
La medida permitirá a las intendencias mejorar el comercio de este tipo productos.
La Canabe llamó, asimismo, a la comunidad a actuar con mayor responsabilidad al momento de comprar este tipo de productos y la invitó a denunciar el ilícito y a informarse en su cuenta de Facebook sobre los efectos que causan las bebidas ilegales y sobre las medidas de seguridad que se incorporaron en los productos legales.
El plan integral espera aún la participación del Ministerio de Salud, del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, y de la Intendencia de Santa Cruz de la Sierra, el municipio donde más bebidas alcohólicas se consume en el país.
El negocio de bebidas ilegales, según un estudio de Euromonitor con datos a 2013, causa pérdidas de $us 101 millones al Estado, 67 millones de los cuales es por la evasión de impuestos.
CBN instalará cámaras en las escuelas
Cervecería Boliviana Nacional (CBN) se comprometió a instalar cámaras de seguridad en unidades educativas de El Alto como parte de su apoyo al plan “Ciudad Segura” que la Alcaldía de ese municipio implementará hasta 2020.
“Estamos conscientes de los problemas de violencia e inseguridad que existen en urbes como El Alto y por ello proveeremos cámaras de seguridad para proteger a los niños. Asimismo, realizaremos talleres para padres y jóvenes en el marco de las acciones que viene trabajando la compañía”, afirma Ibo Blazicevic, gerente de Relaciones Institucionales de CBN.
El acuerdo, que se enmarca en el programa de responsabilidad social de la cervecera, establece también que la empresa atenderá los requerimientos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) para llevar adelante programas de prevención y proveerá asistencia técnica en materia de seguridad ciudadana con expertos internacionales.
“Por más que los gerentes (de CBN) no tengan una vivienda en El Alto, su actividad laboral hace que ellos se conviertan también en alteños y la retribución hacia la población se expresa a través de este tipo de acompañamientos, del desarrollo tecnológico, de la seguridad ciudadana y de otros que no solo van a ser bienvenidos o agradecidos por las representaciones institucionales de turno, sino también por la población en general”, dice la alcaldesa de la ciudad, Soledad Chapetón.
“Se trata de un convenio histórico para nosotros y el GAMEA”, destaca Blazicevic.
El Alto es parte de un plan global de AB InBev
La multinacional belga Anheuser-Busch AB InBev incluyó a El Alto en un ambicioso proyecto de $us 1.000 millones que tiene como meta “cambiar los patrones de consumo nocivo de alcohol” en nueve ciudades del mundo.
“Nos hemos comprometido a reducir en 10% los índices medidos de consumo nocivo en nueve ciudades piloto alrededor del mundo (...). Vamos a hacer un esfuerzo global para cambiar los patrones de consumo en El Alto”, algo que solamente lo podríamos hacer con el músculo de una compañía de este tamaño”, informa Ibo Blazicevic, gerente de Relaciones Institucionales de Cervecería Boliviana Nacional (CBN), subsidiaria boliviana de AB InBev.
La iniciativa forma parte de los cuatro “Objetivos Globales para el Consumidor Inteligente de Bebidas Alcohólicas”, que la compañía belga —“una de las cinco empresas de consumo masivo” de cerveza “más grandes del mundo” — se propuso cumplir en 10 años. “Nos hemos comprometido también a que en 2025 por lo menos una de cada cinco de nuestras bebidas globales tengan bajo contenido alcohólico o no lo tengan”, agrega el ejecutivo.
ESTRATEGIA. Para alcanzar esta “realmente difícil” meta de disminuir en 10% la ingesta excesiva de alcohol, la empresa contrató a expertos extranjeros y a la consultora internacional de investigación de mercados Gallup, los que harán un diagnóstico sobre los daños a la salud que causan el consumo de bebidas y sobre la seguridad ciudadana, además del mapeo de georreferenciación de los puntos de venta de alcohol e identificar las características socioeconómicas de los consumidores.
Con esta información básica, se pondrán en marcha una serie de proyectos como alcosensores con los que se tratará de evitar que en la zona de intervención circulen conductores en estado de ebriedad y charlas para los estudiantes y padres de familia.
La zona donde se desarrollará el proyecto es “probablemente el Distrito 1”, que luego será comparado con el Distrito 6, que tiene características similares, adelanta Blazicevic. Se prevé que el anuncio formal se realice “en la segunda quincena” de este mes, indica el Gerente Institucional de CBN.
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