jueves, 12 de octubre de 2017

Industriales ven riesgo de inseguridad jurídica



Si la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) vuelve a rechazar la impugnación y ratifica el incremento en la tarifa de gas natural, los industriales estarían frente a una enorme inseguridad jurídica.

Así opinó el gerente General de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (CAINCO), Lorenzo Catalá, tras el rechazo del recurso de revocatoria interpuesto en primera instancia por la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

"En caso de que el recurso que se ha vuelto a presentar no prosperara estaríamos generando una enorme inseguridad jurídica para los sectores productivos e industriales y dejaría en el aire una garantía básica para poder operar y competir", sostuvo.

Agregó que este incremento de la tarifa del gas natural que llega al 48%, se aplica estratégicamente al sector industrial porque éste no tiene capacidad de movilización o de reacción más allá de los recursos legales.

"Extrañamente este reajuste no afecta a los generadores de energía que tienen consumos mucho más elevados de gas natural, sino afecta directamente a aquellas empresas productivas que generan empleo, lo que nos parece que va en contraposición a la propia política estatal de industrializar el gas", cuestionó.

Ante este incremento tarifario del gas natural y el de energía eléctrica, las empresas en Chuquisaca optaron por dos alternativas: incrementar su producción para generar mayores ingresos o traspasar estos costos al consumidor final, según Catalá.

La ANH rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la CNI, con el que pretende frenar el alza tarifaria del gas natural que rige desde mediados de año. Ahora está en curso un recurso jerárquico, mediante el cual se denuncia la vulneración de la Ley de Hidrocarburos, que claramente fija un precio preferencial del gas natural para el sector productivo nacional.

El Gobierno, a través del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, afirma que no se puede hablar de un incremento a la tarifa sino de una disminución a la subvención de gas, explicación que rechazan los empresarios.

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