La economía boliviana no se libró del contexto de la desaceleración y caída de los precios en las materias primas, como muestran algunos índices macroeconómicos, según informa la Memoria Anual 2016 de la Cámara Nacional de Industrias.
Las exportaciones decrecieron en 3 y 19 por ciento en los dos últimos años, en tanto que las importaciones confrontaron similar proceso al disminuir en el 7 y 14 por ciento, respectivamente.
Como resultado de estos contrastes, el déficit fiscal del país fue de -6,7% respecto del Producto Interno Bruto (PIB) y el déficit comercial por dos años consecutivos. Por efecto de estos resultados, las reservas internacionales que administra el Banco Central de Bolivia cayeron en el 23%, o sea que tuvo un ritmo de bajada de 8 millones por día.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) estima que en 2016 el PIB de la industria manufacturera redujo su tasa de crecimiento a menos del 4,4%, en contraste a 2015 cuando tuvo el crecimiento del 4,9%, lo cual refleja el proceso de desaceleración industrial en los últimos años.
Además de la desaceleración económica internacional que impactó a la demanda interna y externa de la producción boliviana, se presentaron tres problemas determinantes para la contracción de la actividad industrial.
En primer término influyó la creciente competencia desigual y desleal del contrabando y la informalidad en desmedro de la industria legalmente constituida. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) estimó que el contrabando supera los 2.200 millones de dólares por año.
Los problemas tributarios y de sobre fiscalización se situaron en el segundo motivo adverso para el sector empresarial. La fiscalización generó una sensación permanente de alto riesgo para la inversión, producción y generación de empleo productivo fiscal.
En 2016, Impuestos Nacionales realizó 26.171 fiscalizaciones a empresas y recaudó 743 millones de bolivianos. Resulta irónico, por decir lo menos, que mientras la presión a las empresas formales continúa y se profundiza, la empresa manufacturera formal siguió contribuyendo con el 17% del total de las recaudaciones tributarias.
El incremento salarial del 6% y el ajuste del Salario Mínimo Nacional del 9%, impuesto de manera inconsulta con el sector privado, influyó en el crecimiento de los costos laborales y restaron competitividad a la industria nacional, con lo que se favoreció al contrabando y a la informalidad.
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