mén de los operativos de la Aduana Nacional, el sector empresarial de Oruro cuestiona que la actividad del contrabando perjudique el esfuerzo del comercio legalizado en el país.
“El comercio ilegal siempre perjudica al comercio establecido que paga sus impuestos y sus obligaciones tributarias. El contrabando no lo hace y es una competencia desleal. Lo legal es penado y lo ilegal es premiado porque el gobierno no interviene como debería intervenir”, manifestó Francisco Mena, presidente de la Cámara de Comercio de Oruro.
Por ello, pidió que así como sucedió en el pueblo de Sabaya, las autoridades “se hagan respetar en los demás pueblos” que burlan los controles y matan incluso a algunos personeros del Control Operativo Aduanero (COA), refiriéndose al coronel Samuel Encinas, asesinado por contrabandistas el 2003.
“Son grupos que funcionan de esa manera. El lado sur de Oruro ahora son los nuevos ricos, gracias al contrabando”, añadió.
Apoyo industrial
La Federación de Empresarios Privados de Oruro instó a que se tomen decisiones de encarar proyectos que beneficien a la región para el desarrollo industrial y que eso permita combatir al contrabando.
Recientemente, a convocatoria de esta entidad, se constituyó el Comité de Defensa del Desarrollo Industrial de Oruro, integrado fundamentalmente por el Comité Cívico, Universidad Técnica de Oruro (UTO), la Federación de Fabriles, la Central Obrera Departamental (COD), la Cámara Departamental de Exportadores, la Brigada Parlamentaria, el Concejo Municipal y la Asamblea Legislativa Departamental para asumir defensa del desarrollo industrial de Oruro y poder proteger la industria orureña.
La toma del contrabando
Entretanto, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, lamentó que haya áreas fronterizas tomadas por el contrabando en “una suerte de tierra de nadie” sin presencia del Estado, con códigos de conducta para no solo apañar el delito y no denunciarlo, sino para promoverlo.
“¿Qué hacer para frenar el contrabando? Tres cosas fundamentales: reprimirlo, empoderando más a la Aduana con el respaldo de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial; bajar los tiempos y costos para la importación legal; y hacer entender que el contrabando es un delito y el contrabandista un delincuente al que hay que sancionar”, propuso.
Dijo que había una lucha desigual, porque en muchos casos, la Aduana parece no contar con el total respaldo del Estado que coadyuve su labor, por lo menos, para aumentar la “sensación de riesgo” en contra de este delito.
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