Empresarios crean unidad para combatir contrabando

Bajo la necesidad de tener una instancia técnica para brindar apoyo legal, aduanero y tributario es que el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), lanzó la Unidad de Transparencia y Legalidad en el Comercio Exterior (UTYL), la cual según explicó Antonio Rocha, presidente de IBCE, va enfocada a apoyar la labor de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). La unidad ya empezó a funcionar desde marzo de este año.

Creación de UTYL. Rocha explicó que la UTYL es una iniciativa que la vienen encarando desde el 2014 con las entidades del sector privado y público encabezado por la Aduana fundamentalmente en la lucha contra el contrabando y en la búsqueda de la transparencia y legalidad en las operaciones del comercio exterior boliviano.

El IBCE tomó ese reto que le lanzó la Aduana, se desarrollaron algunos convenios entre esos, el año pasado firmaron uno de creación de la Unidad de Transparencia y Legalidad del Comercio Exterior.

Marlene Ardaya, presidente de la ANB, señaló que la creación de dicha unidad es muy importante para las entidades públicas porque hablan de un proceso de honestidad que va a tener el sector privado. "Siempre mantenemos que no hay un corrupto sin un corrompedor, por tanto hay muchos activos y pasivos. Esta unidad ha hecho alianzas y convenios con instituciones para hacer llegar este tipo de denuncias a la administración aduanera", puntualizó.

Tienen nueve objetivos. Entre los más importantes, está el de promover la transparencia de las operaciones en la cadena logística del comercio exterior boliviano, en el ámbito del sector público y privado.

Asimismo, el de denunciar directamente o canalizar denuncias ante la Aduana sobre contrabando y actos de corrupción en las operaciones de comercio exterior. Denunciar o canalizar denuncias de actos de chantaje y extorsión de funcionarios policiales o militares encargados del control aduanero. Además de defender la legalidad de las operaciones en materia de comercio exterior en lo concerniente a posibles excesos de los funcionarios públicos intervinientes. Realizar campañas en el sector privado para el correcto pago de tributos aduaneros, entre otros objetivos.