Lo que no había pasado en diez años, pasó en dos días. Al presidente Evo Morales se le cayó toda la estantería encima cuando falta poco para un referéndum en que los ciudadanos decidirán si le autorizan o no a volver a ser candidato en el lejano 2019.
Los primeros detalles de una corrupción nacida en el lecho del presidente, en un romance con una señorita que trabajaba en el Palacio Quemado, ha recibido una condena masiva de la población.
Los detalles son algo tórridos, con alusiones a la dudosa muerte de un niño, alusiones hechas por el propio presidente, aunque no confirmadas, pero lo que amenaza convertirse en un tsunami político son los detalles de la corrupción a cargo de la señorita Gabriela Zapata Montaño.
El exfiscal Marcelo Soza decidió, desde el exilio, iniciar una acción contra el presidente Morales por favorecimiento ilícito que convirtió a la señorita Zapata en millonaria a través de sus contactos directos con el primer mandatario.
Las versiones son miles y circulan en las redes sociales, a tal punto que el presidente se ha quejado por ello, con lo que logró que algunos servicios que ofrecen Internet opten por apagar equipos.
Todos los ojos se dirigen a la China Popular, pues la señorita Zapata quedó, al finalizar su romance con el presidente, a cargo de una copiosa red de contratos para todo tipo de obras, contratos sin licitación.
La empresa china involucrada en el escándalo ha sido sancionada antes de que se haga ninguna investigación: no podrá participar en ninguna licitación durante tres años.
Su reacción ha sido anunciar que al haber sido sacada de escena quedaría perjudicado el proyecto de exportación de urea de la planta de Bulo Bulo, que cuesta US$ 1.200 millones.
Pero esa es otra mentira de esta trama, pues la empresa que estaba a cargo de construir el ferrocarril para llevar la urea hasta Montero, empresa china también, por supuesto, se fue del país después de haber recibido Bs 140 millones de adelanto.
La lista es larguísima, pues incluye el ingenio azucarero de los paceños, en San Buenaventura, el proyecto de Misicuni en Cochabamba, un puerto en el Pantanal, la planta de separación de Yacuiba, etcétera, etcétera, etcétera.
A la defensiva, y casi acorralado, el presidente ha pedido que la Contraloría haga una auditoría de la empresa china CAMC, pero todos creen que ya es muy tarde. Por lo menos la opinión pública ya ha dado su veredicto.
La Contraloría General del Estado ahora está investigando, aunque según declaraciones de Gabriel Herbas, quien dirige la institución, su trabajo no consiste en establecer si las adjudicaciones directas a la empresa fueron legales sino más bien en verificar que se haya cumplido con la normativa vigente.
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